El artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad ratificada y depositada por el Estado de Honduras, establece que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad su participación en la vida política y pública en igual de condiciones, en tal sentido en el año 2009 a iniciativa de las Organizaciones del sector se firmó Convenio con el TSE para lograr su participación plena en los procesos políticos.

Avances

Por medio del trabajo desarrollado por la Comisión para Inclusión Electoral integrada por el TSE, las Organizaciones de segundo nivel de sociedad civil y la Dirección de discapacidad, se han  logrado algunos avances como los siguientes:

  1. Voto asistido.
  2. Incorporación de la figura de un edecán.
  3. Mejora de la accesibilidad física en algunos centros de votación.
  4. Incorporación de observadores con discapacidad y sus familias.
  5. Sensibilización a los participantes del proceso electoral.
  6. Creación de material electoral adaptado y formación.
  7. Creación de la oficina de inclusión electoral.
  8. Diagnostico de la accesibilidad en los centros de votación.

A lo largo de 8 años de trabajo conjunto, el TSE ha tenido la apertura de incorporar el tema discapacidad en su agenda tomando algunas decisiones que han facilitado el acceso a la participación política de las Personas con discapacidad, sin embargo, es necesario la aprobación de la nueva Ley Electoral en la que se incluye acciones concretas para armonizar la misma con la Convención ONU.

Otro aspecto a resaltar en nuestra experiencia ha sido la indiferencia de los Partidos Políticos en la apertura de oportunidades para las Personas con discapacidad y sus familias en optar a cargos de elección popular, lo que limita su participación plena y efectiva en la dirección de los asuntos públicos, incluidas las actividades y administración de los partidos políticos.

Nos preocupa que la declaratoria de interdicción sea impedimento para que una Persona con discapacidad pueda ejercer su derecho al voto, así como el bajo número de Personas con discapacidad que participan en la vida política y pública principalmente mujer-afro hondureña e indígenas.

Propuestas

El estado de Honduras tiene una deuda con el sector discapacidad ya a lo largo de los años ha sido invisibilizado prevaleciendo el enfoque médico y no el de derechos Humanos.

En marzo de 2017 Honduras fue examinado en el cumplimento de la Convención ONU para las Personas con discapacidad  y el 12 de abril de 2017 fueron emitidas 75 preocupaciones y recomendaciones que reflejan la poca voluntad del Estado en realizar acciones concretas que mejoren la calidad de vida para esta población.

Los principales retos inmediatos que requieren una respuesta del Estado son:

  1. Armonizar el Marco Jurídico nacional con la Convención ONU incluida la aprobación de la Ley de Desarrollo inclusivo sostenible para las Personas con discapacidad engavetad en el Congreso Nacional desde el 29 de octubre de 2015.
  2. Fortalecimiento del ente Rector en materia de discapacidad por el retroceso a la Institucional ocurrido por la reestructuración del actual Gobierno.
  3. Mayor recurso financiero para apoyar programas y proyectos para apoyar a las Personas con discapacidad y sus familias con un enfoque de Derechos Humanos y no asistencialista.
  4. Elaborar plan de acción que Permita pasar de la educación especial a la educación inclusiva.
  5. Reconocimiento y participación de las Organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la planificación, aprobación y ejecución de Leyes, programas, proyectos para que reflejen el sentir y pensar de las mismas (Nada de nosotros sin nosotros).
  6. Reactivar el Consejo Consultivo de la Dirección de Discapacidad órgano representativo de la Sociedad Civil y de las Secretarias de Estado.
  7. La adopción de planes y asignación de recursos para garantizar los servicios generales de salud.
  8. Adoptar las medidas necesarias para luchar contra la discriminación que enfrentan las Personas con discapacidad para acceder a la justicia asegurando el plan accesibilidad del sistema judicial y que se efectúen ajustes procesales completos.
  9. Asignación de recursos financieros para la Política Pública de discapacidad aprobada desde el año 2013 y que en la actualidad no se ha implementado por la poca voluntad del Estado.

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